MAS, las contradicciones se hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado. El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante, por medio de procedimientos que tienen que ver con la manipulación, la maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y significativa que llamaremos teatro político. De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural biodiversa de la vida. Un gobierno que escoge estos caminos no puede sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista, dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo. El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha. Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de relacionamiento con movimientos sociales dice que se tomó la decisión pero no sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales, fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso de autoridad. El argumento que uso el gobierno constantemente para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua. Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo. Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el campamento de la marcha. ¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables, terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guión que no pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama, los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la opinión pública es maleable. Obviamente esta hipótesis no puede ser la única interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder, a las lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta geopolítica regional. Por lo tanto, se opta por el teatro político para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el pueblo, con las naciones y puebl